Detenido cubano inicia huelga de hambre en centro migratorio de Nuevo México denunciando violaciones a derechos y condiciones negligentes

En una carta difundida desde el centro de detención migratoria del condado de Torrance, Nuevo México, el ciudadano cubano Rogelio Enrique Bolufé Izquierdo anunció que, desde el 27 de diciembre a las 17:00 horas, se ha declarado en huelga de hambre indefinida como protesta frente a lo que describe como un conjunto de abusos, violaciones de derechos constitucionales y condiciones indignas dentro de la instalación, administrada por la empresa privada CoreCivic en nombre del gobierno federal.

Según el texto atribuido a Bolufé, varios detenidos llevan años privados de libertad sin haber cometido delito alguno y sin derecho a fianza. Entre los casos señalados se encuentran Balla Maurice, con tres años detenido, y Philbert Usabuwera, identificado con el número 216726162, ambos en la sección 8A.

El denunciante también asegura que a los detenidos se les entrega una “lista de abogados” con números telefónicos que no funcionan, lo que en la práctica obstruiría el acceso efectivo a defensa legal, un derecho protegido tanto constitucionalmente como por estándares internacionales de derechos humanos.

Entre los señalamientos más graves figuran presuntas violaciones a la libertad religiosa: el 14 de diciembre, una reunión cristiana en la sección 7B habría sido interrumpida, y al ciudadano cubano Alejandro Felipe (A241897103) y a otros 13 creyentes se les habría dicho —según la denuncia— que “esta es una prisión privada y aquí se hace lo que ellos dicen, no lo que está escrito en el manual de derechos”. Los afectados presentaron una queja formal.

Asimismo, Bolufé sostiene que hay menores de edad detenidos, incluyendo uno de aproximadamente 15 años que habría ocultado su identidad por miedo. También refiere la existencia de adultos en situación de vulnerabilidad que permanecen separados de sus familias, como Josué A. Valencia, detenido durante un año pese a haber ganado su caso, dejando atrás esposa y tres hijas ciudadanas estadounidenses, o Federico Ramírez Ramírez, 40 años en EE. UU., contribuyente fiscal y padre de cuatro hijos estadounidenses, uno de ellos veterano.

Las denuncias también abarcan condiciones físicas peligrosas dentro del centro: filtraciones, pisos resbalosos y sandalias inseguras que han provocado múltiples caídas. Entre los lesionados menciona a Juan De Rivero (A071597037) y Keazaka Garcia (A249494554). Otro hecho alarmante ocurrió el 18 de diciembre, cuando Julio Lara, de la sección 8A, habría ingerido accidentalmente un objeto metálico afilado dentro de la comida proporcionada, requiriendo atención médica urgente.

Bolufé acusa que el derecho al debido proceso ha dejado de existir en la práctica y que la Quinta Enmienda parece haberse convertido en “un objeto decorativo”. También advierte fallas en el correo legal, lo que impediría enviar apelaciones, habeas corpus o recibir pruebas necesarias para los casos de defensa. Para él, esto evidencia una “falla sistémica de las instituciones”.

Estas alegaciones, si se comprueban, podrían situar al condado de Torrance nuevamente bajo escrutinio, dado que la instalación ya ha sido objeto en el pasado de informes críticos de organizaciones de derechos civiles, auditorías federales y señalamientos por trato inhumano.

Hasta el momento, ni CoreCivic ni autoridades federales de inmigración han emitido comentarios sobre la huelga de hambre o las denuncias específicas. Mientras tanto, la acción de Bolufé se suma a una larga lista de protestas dentro de centros de detención, donde los detenidos —sin voz pública ni acceso rápido a prensa o abogados— recurren a medidas extremas para exigir ser escuchados.

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