Recaudador de Impuestos de Miami-Dade defiende revocación de licencia comercial a empresa señalada por operar con Cuba: el caso podría marcar precedente legal
El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, respondió públicamente a la demanda presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida por una compañía privada cuya licencia comercial fue revocada tras presuntas operaciones con entidades vinculadas a Cuba. La querella, interpuesta por la empresa afectada, cuestiona el alcance de la autoridad del Tax Collector para ejecutar medidas de este tipo y ha despertado interés en círculos jurídicos y empresariales del sur de Florida.
En un comunicado oficial, Fernández sostuvo que su jurisdicción cuenta con facultades expresas para actuar, citando el Estatuto de Florida 205.0532, normativa que —según explicó— le permite suspender o revocar el Local Business Tax Receipt cuando existan preocupaciones legítimas sobre el cumplimiento legal de una actividad económica. En este caso, enfatizó que la decisión está vinculada a operaciones supuestamente conectadas con Cuba, las cuales podrían haber quedado fuera de los permisos federales exigidos por la legislación estadounidense.
El recaudador defendió su postura señalando que la tarea de su oficina es “hacer cumplir la ley y proteger la seguridad, la confianza y el bienestar de los residentes del condado”, y aclaró que las licencias permanecerán suspendidas hasta que los negocios demuestren un nivel de cumplimiento que garantice transparencia y respeto a los marcos regulatorios.
Aunque la compañía decidió llevar el caso a la vía judicial, Fernández afirmó que dicha acción “no modifica ni detendrá” el trabajo de su dependencia. “Las demandas no nos detienen de hacer nuestro trabajo”, expresó, destacando que el proceso legal en curso no compromete el compromiso institucional con la aplicación firme de la normativa estatal.
En sus declaraciones, el funcionario también introdujo un ángulo relacionado con la seguridad nacional, calificando a Cuba —en sus palabras— como una amenaza para los Estados Unidos, y señalando que existe un deber de impedir que el condado sea utilizado para beneficiar directa o indirectamente a ese gobierno. Este lenguaje ha generado comentarios y reacciones diversas, especialmente en una comunidad marcada por fuertes sensibilidades históricas y políticas en torno al tema cubano.
La demanda colocará ahora en manos del sistema judicial la definición de los límites de actuación del recaudador de impuestos, un asunto que podría derivar en un precedente para futuras controversias entre gobiernos locales y negocios con vínculos internacionales. Mientras el caso avanza, persisten interrogantes sobre la capacidad real de los condados para regular actividades con implicaciones fuera de su territorio y sobre el equilibrio entre protección local, ambiente empresarial y respeto al debido proceso.
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